Pese al prorrateo tarifario, el IPC de abril superará el 2% por el alza en el gas
El cronista - 20/04/2018
 

« Debido a que el Indec toma para elaborar el IPC el valor de la tarifa publicada en el Boletín Oficial, no se modificará el impacto en la inflación. Es sólo un cambio financiero».

 


La decisión del Gobierno de "prorratear" el consumo de gas del período de invierno, que es cuando más se demanda el fluido, y no aplicar el ajuste sobre la tarifa social dejaría las principales variables de la economía casi sin cambios. La inflación, un indicador sensible que viene replicando las subas de las boletas de servicios en los último año, no se modificará: el Indec toma para elaborar el IPC el valor de la tarifa publicada en el Boletín Oficial, que quedará igual que lo aplicado desde comienzos de este mes, con el aumento de 32% en promedio a nivel nacional.


Los bimestres a prorratear serán dos, pero el precio de la tarifa será el mismo. Por eso, el IPC a nivel nacional del organismo de estadísticas oficial se espera que aún sea elevado en abril, de un 2,1%, de acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, superior a la expectativa de los analistas en febrero (1,8%).


"Actualmente el IPC calcula cuando se establece un nuevo cuadro tarifario, no cuando llega o se paga la factura del servicio de gas, al igual que con la electricidad. Así que si el nuevo cuadro tarifario rige desde abril, en ese mes debería computarse, independientemente de cómo se prorratee el pago. Eso es con la metodología actual, si piensan realizar algún cambio aún no se ha pronunciado el Indec y creo que no correspondería hacerlo", sostuvo el economista de ACM, Guido Lorenzo.


Fernando Marengo, del Estudio Arriazu, agregó que la suba de tarifas "era obvio que iba a tener impacto en la inflación total pero también en la núcleo. Por eso, independientemente de lo que hagas con la tasa, te va a terminar afectando".


No obstante, diferenció que el sector de la población más afectada es la clase media, es decir, los que tienen ingresos familiares menores a $ 55.000 por mes, pero que no califican para acceder a la tarifa social. "El incremento del IPC tiene un impacto en el bolsillo de la gente: ahí empieza a haber una distorsión importante y el mayor impacto es en la clase media", dijo.


Por esa razón, el Gobierno busca "morigerar un poco el impacto de las tarifas: pagar en cuotas para que no tengan las facturas como ocurrió dos inviernos atrás", explicó Marengo. Sobre esta posibilidad, agregó que va a ayudar a morigerar y a hacer que el impacto en el ingreso disponible sea más estable en el tiempo.


"En consumo un impacto marginal va a tener, pero al final lo que están haciendo es un tema financiero: a lo largo del año lo vas a tener que pagar lo mismo", identificó. Por eso, señaló que ayuda a "no tener problemas en los picos puntuales por el invierno, pero no modifica el esquema tarifario".


Sobre el impacto en el consumo, la economista Melisa Sala, de la consultora LCG, recordó que Aranguren no quería este programa de pagos constantes a lo largo del año "porque decía que no había incentivos al ahorro energético si el usuario no sabe cuánta energía consumía. La verdad no me queda claro que sea así y tampoco sé cuánto margen hay para algunos sectores de seguir ahorrando energía. En última instancia sería un mal menor para lograr estabilizar los pagos".


En esa línea, Lorenzo reconoció que se trata "simplemente de un diferimiento del aumento: si bien deja más ingreso disponible en los meses de mayor consumo, si el consumidor es bastante racional, se dará cuenta que ese ingreso disponible extra lo necesitará para pagar las facturas más abultadas en los períodos de menor consumo.


El analista de ACM indicó que "no obstante, aquí es suponer demasiada racionalidad, creo que el impacto va a ser positivo sobre la demanda".


Sobre el impacto fiscal, los economistas consultados coinciden en que no debería modificar sustancialmente el camino trazado desde el Ministerio de Hacienda. La posibilidad de lograr recortar el rojo primario y llevarlo a un 3,2% del PBI luce igual.


"Un impacto negativo es el del retroceso en el ajuste en la tarifa social y el diferimiento en el cobro de la nueva tarifa. Esto no creemos que comprometa la meta fiscal del año, pero seguramente Hacienda estaba más cómoda con la situación anterior que con ésta. No obstante, creo que el balance en términos de humor social y el impacto en el déficit ameritaba este cambio", completó Lorenzo.


Maria Iglesia

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